Libre Comercio y DD.HH. ¿Está México listo para las nuevas exigencias del mercado?

México, es la séptima economía mundial y la segunda en América Latina con el mayor número de Tratados de Libre Comercio (TLC) celebrados, sumando, en la actualidad, un total de 23 instrumentos comerciales en vigor, superado sólo por la Unión Europea, quien cuenta con 46 TLC, el Reino Unido con 38, Chile con 31, la Asociación Europea de Libre Cambio con 29, Singapur con 27 y Turquía con 24. Además del renovado TMEC, nuestro país cuenta con acuerdos comerciales de igual importancia que el celebrado con los vecinos del norte. Ejemplo de ello son los Tratados de Libre Comercio suscritos con la Unión Europea (TLCUEM), o con naciones como Japón, Israel o Brasil, además de otros instrumentos internacionales de gran envergadura, tal y cómo los dos Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), seis Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI).

Esto muestra cómo la economía mexicana está inmersa en una dinámica global de libre mercado que, desde hace algunos años, se ha venido transformando al introducir, paulatinamente, obligaciones históricamente disociadas de las relaciones comerciales, cómo el cumplimiento en materia de derechos humanos. Ejemplo de ello es que el texto original del TLCUEM previó, desde su ratificación original en el año 2000, su fundamentación en el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos, de acuerdo con su artículo primero, circunscribiéndose a lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, advirtiendo incluso, que éstos constituyen un elemento esencial de dicho acuerdo comercial. De hecho, su artículo 39, dispone un apartado exclusivo de cooperación en materia de derechos humanos y democracia. 

Asimismo, el TMEC, en su artículo 24.13, advierte la importancia de reconocer la promoción de la responsabilidad social corporativa y la conducta empresarial responsable en el marco de las relaciones comerciales sostenidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, dicho instrumento introdujo, en su Anexo 31-A, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MNR), para denunciar posibles violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores.